Un año después de la caída de Roberto Torres Gonzales como alcalde de la ciudad, diversas opiniones de la sociedad civil se unen para analizar el impacto que este hecho ha tenido para Chiclayo y las lecciones que para el futuro deben permanecer vigentes, sobre todo en el afán de evitar que redes de corrupción se vuelvan a tejer en torno a las instituciones que administran los recursos públicos. 

El abogado, Pedro Torres Fernández, presidente del Colectivo Chiclayano Despierta, considera que en torno a lo sucedido con la exautoridad aún hay mucho por analizar y revisar, siendo necesario que la ciudadanía tome en cuenta lo que pasó durante los ochos años del gobierno municipal anterior para evitar errores futuros.

“Debemos tener el necesario cuidado al momento de elegir a nuestras autoridades, no solo municipales, sino también regionales e incluso nacionales. En efecto, esta pésima autoridad salió de un movimiento regional armado a su medida. Un grupo que sin un ideario claro y sin un real programa durante varios años pretendió llegar al gobierno municipal solo por el afán de arribar al poder para luego mal utilizarlo. Eso, además, nos lleva a reflexionar sobre el rol que no cumplen los partidos políticos, ya que no hubo una real oposición de parte de ellos”, anota el abogado, añadiendo que también existe la necesidad de involucrar más a los ciudadanos.

“El ciudadano no solo ejerce la democracia en el momento de emitir el voto, sino posteriormente, cuando debe ejercer labor de control sobre sus autoridades para asegurarse que cumplan con todo lo ofrecido en sus campañas. Después de todo, el voto no es un cheque en blanco que se entrega para que las autoridades electas hagan lo que se les antoje. Ya hemos visto lo que pasó con el ahora detenido ex alcalde”, señala.

LA IMPUNIDAD

Torres Fernández suma como otra necesidad a la transparencia de las relaciones entre el poder político y el poder judicial. “Mucho se habló y se demostró que durante el gobierno de ‘Los Limpios’, había una serie de familiares de jueces y fiscales laborando en la municipalidad, lo que de alguna manera explica el porqué no hubo antes una investigación más exhaustiva, a pesar que la ciudad literalmente hacía agua por todos lados”, indica.

Con esto último coincide el también abogado Daniel Cabrera Leonardini, exfiscal y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Sipán, quien refiere que los elevados índices de corrupción que alcanzó la gestión Torres Gonzales se deben, en parte, a la impunidad con la que actuó.

“La primera gran lección creo que fue el despertar del pueblo. Hasta antes de la caída de Roberto Torres se sospechaba de la existencia de graves actos de corrupción en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que venían desde su primera gestión, sin embargo nadie imaginaba la magnitud de la podredumbre, y esta ceguera fue posible por la existencia de un manto de impunidad de algunos sectores, que llegó incluso a abarcar a malos funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los cuales con sus decisiones encubrían la corrupción, ahora creo que el ciudadano de Chiclayo es más consiente del rol que tiene como vigilante de la gestión municipal”, indica.

INDIFERENCIA INSTITUCIONAL

A decir del politólogo Jorge Vallejos Castello, de lo ocurrido con el gobierno municipal anterior pueden extraerse muchas lecciones y tal vez la más importante “es la debilidad y falta de compromisos de muchas instituciones provinciales” que posibilitan la llegada de nuevos escenarios como el que vivió Chiclayo en los últimos años.

“No estamos libres de que se repita la historia”, afirma.

“Cuando Chiclayo se hundía en medio de obras inconclusas, pistas rotas, desagües emanando y el aún peor hedor de las corruptelas, ¿cuántos levantaron su voz de protesta? Determinados colectivos ciudadanos e instituciones sí asumieron ese compromiso y un primer esfuerzo mancomunado se tuvo en el llamado Movimiento Cívico de Chiclayo, que se conformó entre fines del año 2012 y principios del 2013 y lamentablemente no siguió consolidándose. Quienes estuvimos en este proyecto conjunto nos dimos cuenta de cómo muchas instituciones chiclayanas le rehuyeron a su responsabilidad para con la provincia y la ciudad, y es que existe un virus muy común en nuestro país, el criticarlo todo, no comprometerse con nada y no aportar soluciones. Hacer vida institucional implica sacrificio de tiempo, implica tratar de conciliar posiciones, discrepar, pero caminar hacia acuerdos. ¿Cuántos están dispuestos a ello? Yo veo en Chiclayo muchas universidades, colegios profesionales, medios de comunicación, instituciones, ¿cuántas estuvieron de pie mientras Chiclayo se convertía en un pantano de corrupción? Pocas, mis respetos hacia ellas”, señala.

Precisamente por lo ocurrido, Natalia Arbildo Pérez, presidenta del Frente Estudiantil de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, indica que el caso Torres Gonzales es emblemático y sirve como punto de partida para aspirar a una sociedad civil organizada y capacitada para fiscalizar.

“No podemos permitir nunca más este tipo de atropellos, no podemos permitir que el sillón edil sea una suerte de ensayo, no podemos permitir a gobernantes que trabajen a costa del pueblo que los eligió y busquen el beneficio personal. Ha quedado demostrado que la única manera en la cual podemos ejercer una verdadera ciudadanía, aquella que trasciende las urnas, es la de exigir nuestros derechos sociales y políticos. La articulación de la sociedad civil es la única manera de garantizar la adecuada fiscalización a los gobernantes”, menciona.

LA CORRUPCIÓN COMO EMBLEMA

¿Qué caracterizó a la administración edil de Roberto Torres Gonzales? El joven activista, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte, Óscar Gálvez Delgado, responde que innegablemente la corrupción e incapacidad, al punto que “era irracional tener una buena percepción de su gobierno”.

“Todos llevaban agua para su molino, tanto funcionarios públicos como empresarios y trabajadores ediles; todos beneficiándose con dinero corrupto, producto de una estafa social a costa de tener una ciudad sucia y totalmente devastada. Todo sistema falso e incoherente tiende a desbordarse, es decir a mostrar su verdadera crisis y cuando esto ocurre la respuesta es la negación. Esto es lo que hacían el exalcalde y el séquito de personas corruptas que le acompañaban”, enfatiza.

Gálvez Delgado agrega que fue particularidad del gobierno de Torres Gonzáles la polarización de la población, porque mientras en la zona central se acrecentaba el rechazo a su inacción como gobernante y conductor de la ciudad, en la periferia crecía el respaldo popular a su administración, condicionado por la manipulación de los programas sociales municipales, la ejecución de obras públicas – aunque deficientes – y los “regalos” de la época electoral.

Como señala Vallejo Castello, la administración Torres Gonzales también se caracterizó por la desorganización, evidenciada incluso desde la conformación de la lista de Manos Limpias, que encabezó la exautoridad.

“Faltó contar obviamente con mejores funcionarios, en lugar de ello el gobierno se rodeó de personajes afines a sus malas prácticas, muchos de los cuales hoy se encuentran en prisión y seguramente faltan otros más. Por otro lado, es bien sabido que la gestión de Torres Gonzáles nació de la anarquía, recordemos el incendio municipal del año 2006, que le hizo ver como el nuevo posible salvador en las Elecciones Municipales de aquel mismo año, y nos llevó finalmente a un desorden mayor. Ejerció su gobierno sin ninguna planificación con un Chiclayo caótico que siguió creciendo como un pulpo sin una adecuada gestión territorial”, menciona, añadiendo que su gobierno municipal nunca llegó a ver a Chiclayo como una provincia, limitándose a actuar sobre el cercado de la ciudad.

Improvisación, corrupción y soberbia es lo que destaca el presidente de Chiclayano Despierta de la administración Torres Gonzales.

“Aprendió pronto a utilizar el poder a su favor, a repartir los cargos entre gente de su entorno, a la que simplemente rotaba de lugar, a tener prensa adicta que se encargaba de atacar a quienes osaban criticarlo y a utilizar la estructura de la municipalidad como agencia de empleos para premiar a sus partidarios. Recordemos que en más de una oportunidad la prensa independiente señalaba la presencia de personal municipal en las marchas de ‘apoyo espontáneo’ que se organizaban a favor del alcalde; y ante lo cual él o sus funcionarios siempre repetían la consabida frase: ‘Se investigará y de hallarse responsabilidad, se les sancionará’. ¿Cuántos sancionados hubo?”, cuestiona.

Suma la obras direccionadas, las compras sobrevaloradas y el uso del aparato municipal para las campañas reelecionistas.

“La incapacidad que se reflejó en el penoso estado de nuestra ciudad: calles y veredas destruidas, desagües que se desbordaban, que obviamente afectaban a la salud, paz y tranquilidad pública, fue uno de sus principales detentes. Recuerdo que las primeras protestas ciudadanas en contra de Roberto Torres se iniciaron justamente por el malestar generalizado debido al estado de la ciudad. Conforme pasaba el tiempo, se iban visibilizando cada vez más los escándalos de corrupción, y estos se plegaban al largo pliego de reclamos de los ciudadanos chiclayanos. Ambas cosas iban relacionadas estrechamente, en las protestas siempre se escuchaba: Estamos cansados del mal olor en las calles, pero también del mal olor de la corrupción”, reflexiona Natalia Arbildo.

Poniéndose énfasis en el análisis, Cabrera Leonardini remarca que otra característica de la administración Torres Gonzales fue su marcada libertad para actuar sin el debido control institucional. “El municipio se convirtió en un mercado de impunidad en donde todo se vendía y todo se compraba, sin embargo también es lamentable ahora conocer cómo chiclayanos aparentemente honrados fueron capases de ser autores, coautores y cómplices de lo más vil que es robarle a tu propio pueblo”, sostiene.

LA GRAN PREGUNTA

¿Qué hacer para que Chiclayo recupere el daño, sobre todo institucional, que dejó el gobierno de Torres Gonzales?

“Esa es una pregunta clave – señala Pedro Torres - creo que hay cosas que hacer en varios niveles, cosas que lamentablemente no se están haciendo. Debe trabajarse en el plano interno, organizativo de la propia municipalidad y al mismo tiempo trabajarse activamente con los vecinos, que debiéramos ser el objetivo principal del gobierno edil, ya que dicho gobierno debe trabajar para la gente, para los ciudadanos. En el plano interno, es necesaria una profunda reorganización que debe ir más allá del cambio cosmético de nombres y logos. Es necesario identificar al personal involucrado en actos de corrupción y, con el debido proceso, separarlo. Hay que disminuir también el tamaño de la burocracia, exceso de personal que solo contribuye a procesos ineficientes y al incremento del gasto corriente. Al mismo tiempo es necesario hacer un cambio en la cultura organizacional de la municipalidad, que los servidores municipales entiendan cuál es el verdadero rol de la entidad como prestadora de servicios, que están allí para ayudar y contribuir al bienestar de los ciudadanos, al bienestar de la ciudad. Eso requiere un cambio profundo”.

Jorge Vallejo va a más allá y sugiere la aplicación de reformas, pero sobre todo cambios en la mentalidad de los ciudadanos, que pasa – anota - por un proceso de afirmación cívica.

“El ciudadano no puede seguir el curso de ‘es normal que robe con tal de que haga obras’. ¿Es que acaso no se tiene en claro que cuando se malversan fondos del Estado el perjuicio es para todos? Pero para encarar ello es necesario estar empoderados, tener mayor conocimiento de la cosa pública; la prensa y las universidades tienen una gran responsabilidad en ese aspecto”, señala.

Menciona además que la corrupción vivida no fue exclusiva de las paredes del local municipal, sino que esta se presenta en cadena, desde las instancias del gobierno nacional con la aprobación de expedientes para obras públicas, pasando por los organismos de control que no cumplen bien con su tarea, hasta los empresarios que deciden hacer parte de la red con las consabidas “comisiones”.

“Todos hacen parte de un mismo mecanismo y todos merecen la sanción. No se trata simplemente de rasgarnos las vestiduras con aire principista, sino de exigir la aplicación de la ley, no podemos seguir en dilaciones leguleyas eternas, se requiere pues la celeridad en las investigaciones, el compromiso de la administración de justicia y la aplicación de los correctivos necesarios; la gran pregunta es ¿nuestras autoridades judiciales lo entenderán así? De parte de ellos hace falta más comunicación con la ciudadanía, pues de lo contrario se consolida la imagen de investigaciones que no conducen a resultados concretos, ese paradigma es el que hay que revertir”, afirma.

“Es sumamente importante tomar en cuenta que la corrupción es un mal que daña a la sociedad en muchas de sus esferas: Invalida la premisa esencial del Estado de Derecho, pues según este todos estamos sujetos a la ley. Sin embargo, al existir un caso de corrupción el funcionario funge de todopoderoso, él puede robar impunemente. Eso merma la capacidad de movilización. Los casos de corrupción se seguirán dando en nuestra sociedad, sin embargo, el asunto reside en cómo la ciudadanía les hace frente. Hay dos opciones: ignorarlo o enfrentarse. Creo que estar en actitud vigilante debe ser la actitud de ahora en adelante. Siempre el poder político se verá presionado si los ciudadanos estamos organizados”, señala a su turno Natalia Arbildo.

CHICLAYO HOY

Nuestros entrevistados coindicen en la que la situación de Chiclayo, un año después de la caída de Roberto Torres Gonzales, requiere de mayor compromiso y, sobre todo, capacidad de concertación, entendimiento y articulación entre gobierno y ciudadanía.

“Se ven intentos de reorganización, pero si previamente no se hace una adecuada planeación demoraremos en alcanzar resultados, no olvidemos que también de solo buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. El nuevo gobierno municipal tiene que incentivar la participación de las organizaciones de sociedad civil, y estas deben demostrar su compromiso para con Chiclayo y su gente. Las autoridades en solitario no podrán resolver los graves problemas que han ido acrecentándose en la provincia, por ello es necesario integrar Comisiones Municipales Mixtas, lo cual está contemplado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, contando en el debate público y en las propuestas con los colectivos ciudadanos, universidades y demás organizaciones; si todos ellos dicen tener las soluciones es hora de accionar desde los procesos de toma de decisiones, es decir, desde dentro”, manifiesta el politólogo Jorge Vallejo.

El panorama actual, según Óscar Gálvez, no resulta tan alentador como se hubiera esperando, al menos en lo referente al manejo municipal.

“El nivel de evidencia ya paso, quiero decir, la emergencia de corruptela sistemática evidente, ya no existe, y lo que queda son algunas pequeñas partes de tal sistema. Sin embargo, lo que sí es evidente en el actual gobierno es la incapacidad y sobre todo la improvisación del gobernante, puesto que no ha previsto soluciones a los problemas principales de Chiclayo, que son, por ejemplo, la acumulación de basura, la congestión vehicular y la mejora del alcantarillado”, señala.

De similar opinión es Pedro Torres, quien lamenta la falta de un equipo técnico sólido al frente de la comuna provincial capaz de emprender las reformas que permitan reducir la brecha de atraso dejada por la administración anterior.

“Tenemos un nuevo gobierno municipal, un gobierno de grandes cambios… de grandes cambios de funcionarios, pues parece que el equipo técnico del alcalde David Cornejo, a nueve meses de gestión, no acaba de cuajar. ¿Cuántos jefes del ex SATCh? ¿Cuántos Gerentes Generales? ¿Cuántos presidentes de la SBCh? ¿Cuántos cambios en EPSEL? Una cosa es un cambio, entendido como tal la presentación de nuevas condiciones para el ejercicio de un plan de gobierno innovador, y otro son las variaciones cosméticas de nombres de entidades, que no tienen efecto real sobre la percepción de la ciudadanía sobre el gobierno local”, enfatiza.